Tuvo lugar en el Antiguo Colegio de San Ildefonso Incluyó dos foros: “Derechos culturales” y “Libro y lectura”

Carlos Anaya Rosique, presidente del Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, participó el 5 de julio en la segunda audiencia pública para discutir sobre la propuesta de Ley General de Cultura que prepara la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

En su intervención, Carlos Anaya señaló: “Como tal, la lectura queda inmersa como un derecho humano, que se ampara, además, en el precepto constitucional de libertad de expresión y derecho a la información. Para que la lectura se dé es necesaria la existencia de la cultura escrita, del libro en todas sus expresiones, libros, publicaciones periódicas, diarios y en todos sus formatos. Es obligación del Estado tutelar su preservación, desarrollo y garantizar el acceso de todos los habitantes del país, en las diversas lenguas del país y, además, reconocer la existencia de las industrias culturales sobre el tema”.

Apuntó también la necesidad de generar un modelo estadístico para superar un “síndrome crónico de insuficiencia estadística”, a fin de mejorar la toma de decisiones y la generación de las mejores políticas públicas. “Las únicas cifras consistentes son las que genera la propia caniem, y habría que insistir en la generación de información por las otras fuentes, entre las que se encuentra la Agencia Nacional del isbn (que por cierto debería de ser administrada por el sector editorial), para conseguir su transformación profunda y levantar información que nos permita tener un panorama cierto de las librerías, las bibliotecas y el estado de la lectura”, indicó.

Carlos Anaya insistió en la urgencia de generar “políticas públicas que auspicien y promuevan el desarrollo de empresas editoriales fuertes que logren terminar con la precariedad e inmadurez que se presenta: pocas empresas grandes, con capacidad internacional, por una parte, y muchas y variadas editoriales pequeñas que intentan promover la bibliodiversidad, pero que se encuentran sin alternativas de comercialización, por la otra”.

A esta segunda audiencia pública, los legisladores convocaron en el Antiguo Colegio de San Ildefonso a un grupo de 23 ponentes que participaron en dos foros: “Derechos culturales” y “Libro y lectura”. Durante más de siete horas se formularon ideas, propuestas y problemas.

Entre otras, las propuestas planteadas en relación con la cadena de valor del libro en el foro “Libro y lectura” fueron: crear un Centro Nacional de Lectura, retomar la discusión del precio único del libro y aumentar el número de librerías en todo el país. En ese foro participaron también Marcelo Uribe, Alberto Ruy Sánchez, Margarita de Orellana, Rodrigo Pérez Porrúa, Marina Núñez Bespalova, Patricia Van Rhijn, Azucena Galindo, Jorge Von Ziegler, Deborah Holtz y Laura Esquivel, entre otros.

El diputado Santiago Taboada Cortina, presidente de la comisión organizadora del encuentro, se pronunció por descentralizar la discusión, para construir una legislación de consensos. Dijo que se pretende que la ley esté lista al término de este año, como parte de un compromiso de las fuerzas políticas representadas al interior de este órgano legislativo, toda vez que la cultura ha adquirido un estatus de política de Estado.

“Hay un compromiso de quienes integramos la Comisión de Cultura para que concluyendo los foros iniciemos este camino de sensibilización y reflexión de lo que estas audiencias arrojen, para que podamos redactar un producto legislativo lo más consensado posible para concluir el año legislativo”, externó.

En su participación, Marcelo Uribe, subdirector de Ediciones Era, recordó que la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro fue aprobada dos veces en los órganos legislativos, pero con modificaciones de última hora en sus artículos más importantes. “La Ley de Cultura que se redactará es una oportunidad para volver a la discusión del precio único como medida de ampliar la cobertura en tiempo y en número de libros, de incluir al libro electrónico en las mismas condiciones que al libro en papel, de redactar un capítulo de sanciones y de crear un Centro Nacional de Lectura”.

Al respecto, Alberto Ruy Sánchez celebró la idea de crear un centro que regule y vigile toda la cadena de producción, difusión y resguardo del libro. Sobre una política de compra de libros, Ruy Sánchez señaló que hace falta por sí misma y le falta la asignación de un presupuesto importante, no ocasional, para adquirir dicho bien cultural, tanto para las bibliotecas como para el programa de bibliotecas de aula, que desde hace 4 años decayó, por pasar de la distribución de 800 títulos a 24.

Rodrigo Pérez Porrúa destacó que si los mexicanos no tienen acceso al libro no es culpa de los que están en la editorial, sino de problemáticas específicas. “Las librerías estamos en un régimen fiscal de exentos con el cual todos los servicios que requerimos para abrir una librería nos cuesta 16% más de lo que cuesta cualquier otro negocio. Entonces, ¿por qué no ayudan a los que queremos el fomento, en vez de subsidiar programas que no dan resultados?”

Marina Núñez Bespalova, directora de la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura, reconoció que en México existe una crisis de librerías. “La caniem dijo que en 2014 había 1,204 puntos de venta de libros en el país, es decir, 1.4 librerías por cada 100 mil habitantes; el mismo año, por ejemplo, España registró 12.5 librerías por cada 100 mil y Colombia el doble de nosotros. Por otra parte, la ausencia de librerías es evidente en algunas regiones del país ya que una tercera parte se concentra en la Ciudad de México y en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Estado de México. Es una obligación del Estado garantizar a los ciudadanos su derecho a la cultura, y entre esos, su derecho a poder acceder al libro y la lectura, por eso confirmo mi compromiso con la lectura, el libro y la edición”. En el evento también se discutió el tema de derechos culturales. El especialista Carlos Villaseñor señaló dos omisiones en el proyecto para crear una ley de cultura: “no están presentes los términos “culturas populares” ni “patrimonio cultural inmaterial”, y no hay claridad para determinar qué autoridades (federales, estatales o municipales) tendrán la facultad de organizar actividades culturales en los estados”.

Otro punto abordado fue determinar qué se requiere crear, si una Ley de Derechos

Culturales o una Ley General de Cultura, ya que el eje de esta nueva legislación deberá ser el reconocimiento de la cultura como derecho humano. Así lo expusieron Eduardo Vázquez Martín, secretario de Cultura de la Ciudad de México, la investigadora Lucina Jiménez y el académico Carlos Lara. También se propuso crear sistemas de vales culturales como parte de beneficios fiscales, la creación de una coordinación cinematográfica y dotar de seguridad social a todos los creadores del país.

La dramaturga y escritora Sabina Berman expuso una paradoja: nunca antes habían existido tantos creadores en México, pero su arte llega a muy pocos. Pidió abrir canales para una mayor publicidad de la oferta cultural, para que llegue a la población.

La antropóloga Lucina Jiménez, directora de ConArte, propuso crear una Ley de Derechos Culturales que establezca en su contenido puntos como una nueva noción de política cultural con una perspectiva de respeto a los derechos humanos, un concepto de sostenibilidad pensado como viabilidad financiera y que se considere la diversidad cultural como recurso fundamental del desarrollo. Jiménez planteó a los diputados acompañar la creación de la iniciativa: “El tránsito entre el planteamiento de una relatoría y la redacción de la ley es el punto donde me interesa hacer el seguimiento”.

* Con información de Notilegis (nota 3530), Silvia Isabel Gámez / Reforma, Reyna Paz Avendaño / La Crónica de Hoy, Redacción / El Universal

Tomado del

Boletín Semanal de la CANIEMNo. 749

11 de julio, 2016